Ayer se aprobaron los presupuestos de la Comunidad balear por la mínima: 29 votos (los del PP) contra 30 (los de todos los demás). Entre éstos últimos se encontraba el de Bartomeu Vicens, imputado por haber pagado a su contable (con dinero público, obviamente) 12.000 € por un informe sobre suelo que había extraído y copiado íntegramente de Internet. Dada la escasa diferencia de votos cualquier diputado era decisivo, y Vicens no era una excepción. ¿Se puede decir entonces que Antich aprobó sus presupuestos con los votos de 1 imputado? Estrictamente no porque a) hay más de uno en el parlamento balear y b) hoy mismo Vicens ha abandonado su condición de imputado para pasar a la de condenado: 4 años y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Sobre los distintos momentos procesales en los que se encuentran algunos diputados del Parlamento balear existen interpretaciones innegablemente creativas. Por ejemplo, su presidenta, María Antonia Munar, defendió en su día que los diputados imputados continuaran en el Parlamento como una exigencia más de la división de poderes, pues ¿quién es el poder judicial para decidir quiénes deben o no ejercer la (sagrada) función de representación del pueblo soberano? Esto lo hizo, por cierto, poco antes de ser imputada ella misma. Por su parte, hace un par de días el Consejero de Turismo Miquel Nadal presentó su imputación como un beneficio, y manifestó su alegría por haber podido declarar y disipar las dudas de la Fiscalía y el Juez (lo ha hecho tan eficazmente que se le ha retirado el pasaporte e impuesto la obligación de acudir una vez al mes al juzgado). El último en hacer declaraciones ha sido el condenado Vicens, que ha dicho que la condena no cambia en absoluto las cosas porque aún se puede acudir al Supremo, y aún después quedarían Estrasburgo, un eventual indulto y el Juicio Final, único que pondrá definitivamente a cada uno en su sitio. O no.
Sobre los distintos momentos procesales en los que se encuentran algunos diputados del Parlamento balear existen interpretaciones innegablemente creativas. Por ejemplo, su presidenta, María Antonia Munar, defendió en su día que los diputados imputados continuaran en el Parlamento como una exigencia más de la división de poderes, pues ¿quién es el poder judicial para decidir quiénes deben o no ejercer la (sagrada) función de representación del pueblo soberano? Esto lo hizo, por cierto, poco antes de ser imputada ella misma. Por su parte, hace un par de días el Consejero de Turismo Miquel Nadal presentó su imputación como un beneficio, y manifestó su alegría por haber podido declarar y disipar las dudas de la Fiscalía y el Juez (lo ha hecho tan eficazmente que se le ha retirado el pasaporte e impuesto la obligación de acudir una vez al mes al juzgado). El último en hacer declaraciones ha sido el condenado Vicens, que ha dicho que la condena no cambia en absoluto las cosas porque aún se puede acudir al Supremo, y aún después quedarían Estrasburgo, un eventual indulto y el Juicio Final, único que pondrá definitivamente a cada uno en su sitio. O no.
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