¿GOBIERNO ABIERTO?

Se dice que la expresión «gobierno abierto» nació a finales de los 70 en Inglaterra, y fue aprobada poco después por Sir Humphrey Appleby: es mejor que las cosas dañinas estén en el título que en el contenido. Y esa es la cuestión: el gobierno abierto, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas son estandartes muy vistosos para exhibir, pero hábitos frecuentemente incómodos para los que los usan. La transparencia real, cuando va más allá de la exhibición virtuosa de un emblema, supone encender la luz sobre el propio trabajo, y eso lo hace vulnerable a las críticas de ciudadanos, medios de comunicación y oposición. Lo mismo cabe decir de la evaluación de políticas públicas: su implantación supone asumir el riesgo de tener que admitir que lo que hacemos no está siendo eficaz. O, dicho de otro modo, que estamos despilfarrando recursos públicos que podrían haberse empleado en otro lado. Eso, obviamente, acaba conllevando una penalización pública. En cierto modo el camino del gobierno abierto requiere compromiso sincero porque está plagado de pequeños suicidios para el gobernante. Se vive mejor en la oscuridad, y por eso el jefe de Sir Humphrey opinaba que «gobierno abierto» es una contradicción en los términos: o se es abierto o se tiene gobierno.

Cuando ayer el Ministro de Política Territorial y Función Pública –acompañado por las Presidentas del Congreso y el Senado, y el Presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ- inauguró solemnemente en el Congreso la Semana de la Administración Abierta, me acordé mucho de sir Humphrey. También a él le gustaba exhibir las banderas de la transparencia y la participación; y como el Gobierno, parece pensar que practicarlas realmente es llevar las cosas demasiado lejos.