LA LEY DEL MENOR (ESFUERZO)

«Los directores de colegios e institutos pueden denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo».

Se diría que nunca ha existido tanta protección hacia los menores. Algunos incluso piensan que están sobreprotegidos, y que es un error tratar a los niños como seres frágiles. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff dicen que en realidad son antifrágiles, que necesitan cierto grado de frustración para curtirse, que son ellos los que deben aprender a gestionar los conflictos a través de los juegos, y que tanta protección es muy contraproducente. En todo caso la enorme preocupación por los menores se repliega, como los cuernos de un caracol, ante determinados asuntos. Todos los esfuerzos por adaptar la enseñanza a los niños con «necesidades especiales» con el fin de mejorar su rendimiento educativo se esfuman cuando la necesidad en cuestión es que el niño sea educado en su lengua materna, siempre que ésta sea el español. Y es que en España la protección del menor tiene límites. Para empezar limita al norte y el este con los nacionalismos etnolingüistas, ante los que debe ceder. Es importante tener esto en cuenta porque de otro modo podría pensarse que los que acosan a un niño en Canet son unos cabronazos desalmados cuando se limitan a atenerse al pack moral progresista.

Otro límite derivado de ese pack moral, al que el bienestar del menor queda subordinado, es la ideología trans. Los menores que, desorientados por la edad o inducidos por la moda, decidan emprender el camino del cambio de sexo no deben esperar protección de los adultos. No de los médicos y especialistas -conocedores de las perplejidades de la adolescencia y las complejidades de la mente- que corren el riesgo de ser acusados de «patologizar»-; ni de los jueces, que se han quedado sin nadie a quien consultar; ni siquiera de sus propios padres, cuya autoridad puede ser cuestionada. Si los padres explican a su hijo que no es que haya nacido en un cuerpo equivocado sino que es un tolondro de 12 años; si pretenden convencerlo de que no emprenda alegremente un camino que la Ministra y el BOE han decidido que sea de sentido único, entonces el director del colegio –o, por qué no, el bedel- puede denunciarlos a los servicios sociales.

Uno tiende a pensar que los servicios sociales deberían ser la última línea de defensa del menor ante las situaciones más graves, los encargados de actuar para sustituir o complementar la patria potestad de progenitores manifiestamente incapaces. Pero he aquí que ahora pueden intervenir –como si estuvieran ante una sospecha de maltrato- para complementar las carencias de esos padres que, preocupados por el bienestar de sus hijos, le aconsejen que acuda a un especialista antes de emprender un camino que puede ser irreversible. A partir de ahí la imaginación se desata y desborda a Kafka. Imagínense que el conflicto entre unos padres horrorizados y los servicios sociales escala y el niño acaba en Es Pinaret, donde el control de los menores no ha alcanzado la excelencia. ¿Y tú por qué estás aquí? Mi padre abusaba de mí y me detectaron estupefacientes en la sangre ¿y tú? Mi padre se cabreó cuando le dije que pensaba cortarme la picha y le retiraron la patria potestad. Buá, chaval.

Ya nos advirtió la ministra Celaa que los niños no son de los padres. Menos mal que todas las utopías que, en su búsqueda de un modelo alternativo de sociedad, han pretendido interferir entre padres e hijos han fracasado. Quizás porque esta relación forma parte de lo que Christakis llama «social suite», uno de las piezas evolutivas con las que tenemos que contar si queremos organizar una sociedad. Pero procede desmontar este tinglado siniestro antes de que cause más daño.