¿GOBIERNO ABIERTO?

«Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las Testigas, que no podemos». Eso decía Chus Lampreave en la comedia de Almodóvar, y algo similar ha defendido Bolaños en el sainete Pegasus. Ya nos gustaría a nosotros tener secretos, discreción y servicios de inteligencia, pero somos un gobierno transparente. Porque «transparencia» es una de esas palabras de moda. Los spin-doctors han detectado que quien la oye asocia cosas bonitas con el emisor, aunque ninguno de los dos sepa muy bien de qué está hablando, y nos han saturado con ella. Ahora ocurre lo mismo que con otras palabras como libertad, igualdad o democracia, que como se usan continuamente como banderitas han llegado a producir la impresión de estar vacías de contenido. Así que toca definir.

La transparencia –rollo on- tiene una parte estrictamente normativa: consiste en la obligación que se impone a los poderes públicos de a) publicar periódicamente cierta información sobre su actividad pública, en formatos abiertos y reutilizables y b) de atender las solicitudes de información de los ciudadanos. Pero el valor que se asume con la transparencia, lo que realmente está detrás del concepto, es la rendición de cuentas. Por eso se complementa con otras actividades como la evaluación de las políticas públicas, o la participación. Cuando el político-gestor interioriza realmente la rendición de cuentas está revolucionando la forma de actuar. Está aceptando transitar de una manera tradicional de funcionar, opaca y paternalista, a otra abierta a los ciudadanos adultos: a eso se refiere la expresión «gobierno abierto». Este nuevo funcionamiento acepta –por ejemplo- que el presupuesto público no es un botín electoral, apto para crear redes clientelares y usarlo como una gigantesca bolsa de chucherías para encandilar a futuros votantes, sino algo que se debe gestionar eficientemente con criterios de utilidad –rollo off-.

Y esa es la cuestión: el gobierno abierto, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas son adornos muy vistosos, pero incómodos de llevar. La transparencia real, cuando va más allá de la exhibición virtuosa de un emblema, supone encender la luz sobre el propio trabajo, y eso lo hace vulnerable a las críticas de ciudadanos, medios de comunicación y los cabrones de la oposición. Lo mismo cabe decir de la evaluación de políticas públicas: su implantación conlleva el riesgo de revelar que lo que hacemos no está siendo eficaz -o, dicho de otro modo, que estamos despilfarrando recursos públicos que podrían haberse empleado en otro lado-. Todo esto, obviamente, acaba conllevando una penalización pública. El camino del gobierno abierto requiere un compromiso muy sincero, porque está plagado de pequeños suicidios para el gobernante.

Por eso los políticos hablan mucho de transparencia y la practican poco, porque comparten la opinión de Sir Humphrey Appleby sobre el «gobierno abierto»: es mejor que las cosas dañinas estén en el título que en el contenido. En el fondo temen –como sir Humphrey- que «gobierno abierto» es una contradicción en los términos: o se es abierto o se tiene gobierno.